EL DRAMA ANDALUZ

DIEGO BERMÚDEZ

Andalucía, sur de España y de Europa. Pésimos indicadores macroeconómicos. Indicadores negativos que, al convertirse en rutina habitual en algunos medios, la mayoría ignora y prefiere dedicar su tiempo a escuchar temas más agradables. Un paro del 36,4% de la población activa, paro juvenil del 67,5% e incluso paro juvenil en la provincia de Jaén del 74%. Sí, sí, han leído bien: 74%.

Una población que representa aproximadamente el 18% de España, pero cuya producción apenas supone el 13% del total. Por si fuera poco, la segunda renta per cápita más baja de toda España. Así poco Estado del Bienestar podemos sostener.

Por otra parte, unos impuestos desproporcionados, en la mayoría de los casos confiscatorios. Líderes de Europa en este aspecto, eso sí. En el tramo máximo autonómico del IRPF, aquel que grava rentas por encima de 300.000 €, el tipo se sitúa en el 56%. Si nos situamos en un tramo anterior, en aquellas bases comprendidas entre 60.000 y 120.000 €, el tipo medio es del 49%. En este último grupo se sitúan los trabajadores cualificados y profesionales liberales. Pura clase media, nada de ricos. Para que lo entiendan: trabajar la mitad del año para el Estado.

Esta alta tributación lo que hace es desincentivar al trabajador a que gane más y, sobre todo, impide que Andalucía pueda atraer talento. Así pues, cabe destacar que el grueso de los ingresos impositivos se recaudan en las bases comprendidas entre 50.000 y 150.000 €. De nuevo, el sistema se mantiene mediante una imposición excesiva a la clase media y con servicios de calidad más que discutibles en comparación con lo que se paga. En general, el tipo medio se sitúa en el 40,38% de la renta.

Aún hay más. Existen otros impuestos cedidos a las CCAA: el Impuesto de Sucesiones y el Impuesto de Patrimonio. 

Pero, no se preocupen, vamos por la tercera modernización de Andalucía. Quizás por ello seamos líderes en creación de tributos autonómicos: canon de mejora de infraestructuras hidráulicas, tasa sobre depósito de residuos peligrosos, tasa a la emisión de gases o el impuesto sobre las bolsas de basura de un solo uso, entre otros. De hecho, en algunos casos no conviene mantener tales impuestos, pues los costes de gestión son mayores que la propia recaudación conseguida. Pero no se enteran.

Qué bien. Ya podemos costearnos más aeropuertos, agencias públicas o pagar cambios de sexo. Ante tal afán recaudatorio lo lógico sería pensar que en Andalucía se recauda más que en ningún sitio. Pues no. El ranking en recaudación lo lidera Madrid (46,33% del total recaudado) –con unos impuestos mucho más bajos, por cierto-, seguida de Cataluña (19,52%) y Valencia (5,98%). Andalucía se sitúa en cuarto lugar con un 5,97% del total recaudado.

Con semejante robo de los beneficios privados, ¿cómo pretenden nuestros representantes atraer inversión? ¿Cómo pretenden crear riqueza y empleo? Aunque no quiero caer en el error de culparlos como si de una raza distinta se tratara. Lo cierto y verdad es que los políticos están ahí porque la mayoría los vota. Si a esto le añadimos que en Andalucía tendemos a pensar que el gasto público –con su correspondiente logo de la Junta adherido- es la solución a todos los problemas, podemos entender dónde estamos.

Desconfiamos del sector privado, al cual culpamos de todos los males. Pero no tenemos en cuenta el papel creciente de los estados y bancos centrales antes de la crisis. Es más fácil criticar al banquero de Londres –si lo llamamos “tiburón” queda mejor- que al sistema escogido en las últimas décadas. Un sistema donde está presente el sector privado, sí. Pero un sector privado altamente regulado. Piensen en las cajas de ahorro, las subvenciones a las renovables, las deducciones de quita y pon a la compra de viviendas o los planes educativos que cambian cada cuatro años, entre otros muchos.

Este papel creciente del Estado es particularmente importante en Andalucía. Nosotros mismos permitimos que nuestros representantes gasten y gasten creando déficits gigantes. El problema reside en que estos déficits se suelen justificar con la “presencia futura de superávits”. Por supuesto, esos superávits son ínfimos o incluso inexistentes, de tal forma que la bola de deuda pública aumenta presupuesto tras presupuesto. O si lo quieren leer de otro modo: “¿aumenta la deuda pública? Por supuesto, por supuesto”. Recordemos que todo esto se tiene que pagar a posteriori. Lo pagaremos, sin duda. Y lo pagaremos con impuestos aún mayores. Es lo que hemos votado.

Además, desde 2009 la Junta de Andalucía ha enchufado a 20.000 trabajadores de agencias externas, con un coste aproximado que se sitúa entre 600 y 1.000 millones de euros, según el Sindicato Andaluz de Funcionarios. Así pues, con esta reforma se violan los principios de mérito y capacidad necesarios en la contratación de funcionarios públicos, y además crece aún más el gasto público.

Frente a este desolador panorama, me niego a pensar que Andalucía va a ser siempre así. Por eso, a través de esta sección, pretenderé demostrar que hay alternativas a esta Andalucía. No se trata de convertirnos en Alemania, si no de poner Andalucía en el lugar que queremos. Porque tenemos empresas punteras, gente emprendedora, luchadora y trabajadora. Tenemos que aprovechar nuestras ventajas y nuestra situación geoestratégica clave. Eso sí, para conseguirlo trabajo hay por delante. Y mucho.