EL SALARIO SOCIAL

DIEGO BERMÚDEZ

“Todos los gobiernos mueren por la exageración de su principio” – Aristóteles

Esta semana el vicepresidente de la Junta de Andalucía anunciaba la creación de un “salario social” con el que se pretende evitar el desabastecimiento de agua y energía eléctrica entre los sectores que más están sufriendo la crisis. La medida en cuestión se destina a aquellos ciudadanos sin rentas o con ingresos inferiores al 62% del salario mínimo interprofesional (establecido en 400 euros). Sin duda, una medida muy acorde a los principios de este gobierno.

Por otra parte, Valderas planteó la posibilidad de crear un nuevo impuesto para financiar este salario social. En un calibrado eufemismo afirmó, se estudia “abrir un espacio a la fiscalidad”. Así queda hasta bonito y todo. Dan ganas de crear impuestos. Perdón, dan ganas de “abrir espacios a la fiscalidad”. Que lo abran, que lo abran. Será por impuestos.

Diego Valderas, vicepresidente de la Junta de Andalucía (Fuente: ABC).

Los que me conocen pensarán que estoy totalmente en contra de un plan como el que se plantea. Que el Estado pague facturas a los ciudadanos puede sonar a barbaridad o a bondad según la perspectiva desde la que se enfoque el problema. En mi opinión, sí que creo que el Estado tiene que estar en situaciones de extrema y urgente necesidad. Y esta situación, qué duda cabe, es muy complicada. Cualquiera es consciente del riesgo de exclusión que tiene una familia que ya de por sí lo está pasando mal como para que le corten la luz y el agua por impago.

Ahora bien, no confundamos la extrema y urgente necesidad actual con un plan para pagar el agua y la luz que se prolongue en el tiempo. Me explico. Al igual que el fin principal es echar un cable –nunca mejor dicho- a aquellos que por las características que ya se conocen no pueden afrontar estos pagos, el propio plan debe contener la semilla de su eliminación. La legislación que se plantee al respecto ha de ser clara, directa, concisa y sin medias tintas.

Tiene que haber propuestas bien definidas que incentiven a los ciudadanos a dejar de cobrar la ayuda tan pronto como sea posible. No hay que perpetuar la ayuda. De lo contrario estaríamos convirtiéndola en mero asistencialismo. Asistencialismo el cual, por cierto, conocemos bastante bien en Andalucía. Con esto me refiero al famoso PER y sucedáneos o a las ayudas europeas a la PAC. Ni uno ni otro se ha de permitir.

Porque lo que se ha conseguido por desgracia en estos casos ya probados es desincentivar tanto a jornaleros como agricultores a ser más dinámicos y a que luchen por sí mismos, sus familias y sus empresas. Perpetuar ayudas lo único que lleva es a mantener personas y en definitiva recursos dependientes del dinero público. Estos recursos, por el contrario, pueden ser empleados en actividades privadas mucho más productivas y sin impacto en los presupuestos públicos. Hablamos de empresas competitivas que desarrollen productos punteros y con proyección internacional –como ya los hay en Andalucía-. Y las empresas, para ello, necesitan del factor trabajo. Además, hay algo aún más grave que facilita el asistencialismo y es que facilita el fraude y la corrupción tanto de los que manejan el dinero como de los que lo reciben. A los hechos me remito.

Sin embargo, algo me dice que desconfíe. Ya argumentarán los actuales gobernantes “que esto no supone un gasto excesivo en los presupuestos, pues son sólo 20 millones”. Argumentarán que luchan por las clases medias que están desapareciendo por culpa de las medidas de Madrid –como si aquí no hubiese gobernado nadie durante 30 años, como dijo Jaime Fernández-Mijares-. Puede sonar a tontería, pero me da miedo el apellido que le han puesto a este salario: “social”. Son etiquetas que gustan a nuestros políticos para gastar el dinero que no tenemos, endeudarnos más y echar la culpa a otros –Rajoy, Merkel o los mercados-.

En definitiva, se trata de una buena medida para ayudar a los más necesitados en situaciones como la actual. A los economistas nos gusta responder con acciones de largo plazo (véanse las famosas “reformas estructurales”). Pero hay situaciones específicas que requieren del corto plazo. Ahora bien, las decisiones en materia de política económica tienen efectos secundarios que hay que tener en cuenta. Y, como no se actúe en consecuencia, me temo que el paso de la cultura de la subvención a la cultura de los incentivos que promulga el nuevo consejero de Economía de la Junta se quedará en mera palabrería.