CARLOS AFÁN
El pasado lunes 27 de enero fue
noticia el auto1 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que
paralizaba la resolución de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, por la que se hizo pública la convocatoria para la
licitación del contrato de servicios denominado ‘Gestión por concesión del
servicio público de la atención sanitaria especializada’ correspondiente a seis hospitales madrileños; auto judicial que ha provocado la dimisión del
Consejero Javier Fernández-Lasquetty.
Al tiempo de conocer el hecho, los vítores de gloria por la batalla ganada
no sólo resonaron en Madrid, sino en toda España, y lo gracioso es que también
lo hicieron en Andalucía, y los que alzaban la voz no eran otros sino la gente
de El Partido. Y es que sí, vivimos en una Comunidad Autónoma gobernada por
unos líderes -mal llamados líderes porque son los responsables- los cuales consideran, o eso parece, que somos imbéciles, que es fácil aborregarnos porque no nos informaremos
de nada. Ya es suficiente, es deber de todo buen demócrata formarse e
informarse de qué servicios le ofrece su Administración antes de señalar con el
dedo y decir "esto en mi casa no pasa".
En este artículo no dilucidaremos sobre las ventajas o perjuicios que
conllevan fomentar decisiones políticas como la privatización o la
liberalización de determinados servicios públicos, pero sí dedicaremos una
buena parte de él a hablar sobre la demagogia que se hace con este tema.
¿Saben las andaluzas que existen dieciséis centros sanitarios ‘concertados’2,
cuya gestión es privada y que funciona con capital público? ¿Saben los
andaluces que se están cerrando centros públicos que ofrecían servicios básicos
como el centro ETS de La Campana3, en Sevilla? ¿Saben los
ciudadanos que se derivan pacientes de centros sanitarios privados a centros
públicos por escasez de medios?
Es importante no hacer demagogia con la sanidad, al igual que con la educación o con la dependencia, son todos servicios básicos que en un Estado de
Bienestar serio se deberían de garantizar, sea cual sea el color del Gobierno.
Todos las noticias anteriormente citadas son importantes, pero ahora
trataremos la que a este redactor más estupor le produce, y que no es otra que la
pseudoprivatización de muchos centros que pertenecen al Servicio Andaluz de
Salud (SAS).
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| Gobierno andaluz de la V Legislatura |
Miremos un poco al pasado, por aquello de ejercitar la memoria: corría el año 1998
y la Junta de Andalucía estaba bajo la férrea mano in vigilando de Manuel Chaves Gonzalez, que iba por su tercera
legislatura y aún le quedaban tres más. A cargo de la Consejería de Salud se
encontraba el ideólogo de la trama, José Luis García de Arboleya y Tornero, licenciado
en Medicina y Cirugía, experto en alergología que había sido director del
Hospital Regional de Málaga, del Hospital Clínico de Granada y también del
propio SAS.
Realmente pocos sabían en qué estado se encontraba la sanidad pública
andaluza como lo sabía él, de modo que en su sexto año como Consejero, llevó al
Parlamento Andaluz la Orden4 por
la que se actualizaría y desarrollaría el sistema de presupuesto y
tarifa en convenios o conciertos para la prestación de asistencia sanitaria
en centros hospitalarios.
En la citada normativa se crea la figura de la tarificación de los
servicios sanitarios sobre la base de la Unidad de Producto Concertado (UPC), que se define como ‘instrumento
de medida a utilizar para la fijación del presupuesto global prospectivo de los
diferentes convenios o conciertos que sean suscritos por la Consejería de Salud
o por el Servicio Andaluz de Salud’, o lo que fue lo
mismo: barra libre a la concesión de empresas privadas cuya función sería la gestión centros públicos, o lo que es lo mismo, el proyecto que el mismo Lasquetty pensaba
implantar en Madrid, con dos pequeños matices: dieciséis años después y en mitad de una crisis de
confianza socioeconómica y política.
No encontraréis en los diarios de la época ni una queja de los diputados
del grupo Popular de Andalucía ni del Partido Andalucista, y ni mucho menos de
los flamantes trece diputados que por entonces había obtenido la alianza de
Izquierda Unida Los Verdes–Convocatoria por Andalucía, una vez más, tal y como
ahora: silencio y aquiescencia.
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| Hospitales concertados que aparecen en la web de la Consejería de Sanidad |
Y quizás Izquierda Unida, siendo los adalides de la regeneración
democrática (que no llega), como son en Andalucía, deberían hacerse eco de las
protestas de los cientos de trabajadores que se concentran en el Hospital
CONCERTADO Doctor Pascual de Málaga5, en defensa de de sus puestos
de trabajo, y que reclaman a la Junta (en la cual gobiernan), alguna actuación
para garantizarles su continuidad. O quizás al menos, se deberían estremecer un
poco al pensar que es por su inactividad en la toma de decisiones políticas,
por la que en el Hospital CONCERTADO Blanca Paloma de Huelva6, llevan
semanas con sus quirófanos cerrados.
La dignidad de los profesionales de lo público tiene un precio, un precio
que El Partido o Izquierda Unida no están dispuestos a pagar a los médicos,
enfermeros y demás profesionales sanitarios, y sí a cualquier empresa privada
que se lucra de un capital público.
Uno puede llegar a imaginar estas decisiones tomadas por un Gobierno
quizás más neoliberal o simplemente de un gobierno tecnocrático sin interés alguno
en mejorar la cosa pública; pero bajo ningún concepto, uno puede imaginarlo
de un Gobierno de paleoizquierda como es la alianza que gobierna actualmente en
Andalucía.
(2) Hospitales concertados:
(3) Centro
ETS:
(4) Orden:
(5) Doctor
Pascual:
(6) Blanca
Paloma:
No se puede explicar mejor. El resultado en la gente es una mezcla de aborregamiento, doble moral en insulto a la inteligencia
ResponderEliminarGema Rodríguez Prieto