¿BANCA PÚBLICA ANDALUZA? NO, GRACIAS.

ÁLVARO GUIJO

En un momento histórico en el que la reivindicación de derechos adquiridos parece la única salida viable ante el devastador drama del desempleo, la banca pública se nos presenta como la panacea; el bálsamo de Fierabrás capaz de sanar, por sí solo, todos nuestros males. Así, Diego Valderas propone la creación de un banco público andaluz que, controlado por la –cada vez más omnipresente- Junta de Andalucía, compita en igualdad de condiciones con la banca privada en la captación de depósitos y la concesión de créditos[i]. Tal supuesta igualdad de condiciones oculta una situación de verdadera competencia desleal, ya que el banco público tendría tras de sí todo el poder coactivo estatal. Además, este nuevo instrumento podría convertirse en un juguete peligroso en manos de políticos fanáticos e incompetentes. Imaginen, en un ejercicio de política ficción, a Sánchez Gordillo al frente del futuro banco público andaluz. ¿Gestionaría eficiente y diligentemente el patrimonio de sus depositantes o, por el contrario, se dejaría llevar por el eslogan fácil y el panfletismo electoralista? Permítame que le exprese mis inquietudes.

Para determinar si es necesario implementar un modelo de banca pública en Andalucía, habremos de analizar si el flujo de crédito discurre con normalidad por los cauces de la economía real; descubriremos por qué secretas motivaciones los banqueros privados se niegan a conceder créditos a familias y empresas; y, por último, reflexionaremos acerca del papel que la pretendida banca pública podría desempeñar en el mercado crediticio andaluz.

En primer lugar, confirmaremos la versión comúnmente aceptada de la situación. ¿Es cierto que la economía andaluza –y la española en general- adolece de falta de crédito? Según apuntan el BCE y FUNCAS, las PyMES españolas han de asumir unos costes financieros un 77 % superiores a Alemania y un 35 % por encima de la media de la Eurozona[ii]. La banca privada no se muestra proclive a arriesgar su capital en proyectos de inversión que, a su juicio, no remunerarán adecuadamente el capital invertido, y ello lastra nuestra competitividad con el exterior. Dicho en román paladino, el grifo del crédito se ha cortado porque los banqueros no se fían ni un pelo del emprendedor –versión cool del empresario de toda la vida- que cruza la puerta de su despacho solicitando dinero para montar su negocio. El credit crunch, por tanto, es una realidad. Ante esta situación, cabe preguntarse por qué oscuros designios los banqueros se niegan a asumir su tradicional papel en cualquier economía de mercado: captar depósitos pagando un interés determinado y conceder préstamos a un precio más alto, obteniendo como beneficio el diferencial entre ambas rentabilidades. El excesivo riesgo asumido –que no es compensado por los tipos de interés-, sumado a la reforma financiera y a la competencia con los Estados en la captación del crédito, parecen ser claves esenciales.

Quizás el señor Valderas –vicepresidente para todo y butanero de profesión[iii]- crea tener la solución mágica ante la desmedida avaricia de los perversos banqueros. Sin embargo, antes de proponer remedio alguno, nuestro ínclito prohombre debería averiguar qué siniestras motivaciones se esconden tras el cerrojazo de crédito que paraliza la creación de nuevas empresas y alarga ad eternum la agonía del desempleo para 1.447.300 andaluces (EPA 3T 2013)[iv]. A lo mejor, los pérfidos capitalistas del puro y la chistera tienen un buen motivo para actuar de esa forma. ¿Le suena el concepto crowding out, señor Valderas? Para los no iniciados en la Ciencia Lúgubre, se trata del fenómeno producido cuando el Estado capta la mayor parte de la financiación disponible, dejando literalmente seco el grifo del crédito para familias y empresas. No debería extrañarnos: en condiciones normales, el Estado siempre será un prestatario más atractivo que el bar de la esquina. Y no es porque los banqueros tengan especial animadversión hacia el sector de la hostelería, la respuesta es mucho más sencilla. En caso de apuros financieros, las autoridades estatales ostentan el monopolio de la fuerza coactiva, lo que les permite subir los impuestos, haciendo recaer sobre los sufridos hombros de los mal llamados “contribuyentes” el peso de sus errores políticos. Ello incluso aunque hacerlo suponga incumplir sus promesas electorales. Si a esto sumamos la elevada rentabilidad que en los últimos años han presentado los bonos soberanos –debido, sin duda, al mayor riesgo de impago- el pastel estará servido. Por tanto, si el señor Valderas quiere posibilitar la financiación de la economía real, a lo mejor debería comenzar examinando qué papel ha jugado la clase política en todo esto.

Además del fenómeno conocido como crowding out, hay otra causa fundamental que explica la ausencia de crédito. Como usted sabe, el sector financiero español ha afrontado –tarde, mal y casi nunca- una necesaria reforma que supuestamente permitirá garantizar la solvencia de las entidades más débiles. Pero, ¿cuáles han sido dichas entidades? Sin ánimo de ser exhaustivos, podemos citar Caja Madrid, CajaSur, CAM, CCM, Caixa Catalunya… ¿Encuentran algún común denominador entre todas ellas? Pues sí. Curiosamente, la gran mayoría de las entidades rescatadas eran Cajas de Ahorros. ¿Casualidad? Me temo que no. En economía, como en la vida, las casualidades no existen. Más bien deberíamos hablar de incentivos. Los incentivos perversos que, en plena burbuja inmobiliaria, llevaron a los (nefastos) dirigentes de nuestras Cajas de Ahorros a financiar proyectos de inversión paladinamente ruinosos para mayor gloria del cacique local. La lista es casi interminable. Aeropuertos desiertos, autopistas peatonales o parques de atracciones condenados a la quiebra. ¿Hay alguna razón para que CCM financiara el aeropuerto de Ciudad Real y no lo hiciera, por ejemplo, el Banco Santander? Me temo que sí. El principal objetivo de un banco privado es obtener beneficios con los que remunerar a los accionistas que –libremente- han apostado por su proyecto. En consecuencia, los dirigentes de dichas entidades se cuidarán muy mucho de satisfacer otros ideales que no encajen en los fríos cálculos del Excel. Si la rentabilidad esperada compensa el riesgo asumido, el banquero privado dará luz verde a la operación. Si su apuesta fracasa, habrá de asumir íntegramente las pérdidas resultantes. Sin embargo, los criterios políticos parecen distar mucho de esta idea.

En último lugar, reflexionaremos sobre los inconvenientes que plantea un modelo de banca pública como el propugnado por el señor Valderas. Por el lado del pasivo (lo que el banco debe), ante la falta de depositantes siempre podrían recurrir al sencillo expediente de subir los impuestos, obligando a los ciudadanos andaluces a participar en la enésima aventura empresarial de la Junta. Ya se sabe, el politburó siempre sabrá mejor que usted y que yo dónde invertir su dinero. Párese a pensar, querido lector, por qué secretos designios el banco público sí estaría dispuesto a conceder préstamos mientras que la banca privada mira por encima del hombro a familias y empresas cuando pretenden solicitar un crédito. Le propongo un ejemplo: Imagine que usted es propietario de un bar en el que sirve desayunos todas las mañanas. Suponga, que tiene totalmente asegurada la asistencia de clientes. ¿Qué incentivos tendrá para ser eficiente, para servir las mejores tostadas con aceite al menor precio? Lógicamente, como persona sensata, tratará de ofrecer el pan más barato y el peor aceite, cobrando el precio más elevado que pueda. No le culpo, usted simplemente respondería racionalmente ante los incentivos del sistema. Análogamente, ¿cree que el futuro banco público tendría muchos incentivos para ser eficiente?

En cuanto al activo (lo que el banco presta), la concesión ilimitada de créditos a clientes insolventes permitiría al señor Valderas anunciar ampulosamente que “el crédito ha vuelto a la economía real” gracias –claro está- al benéfico plan de nuestros benévolos dirigentes. Desgraciadamente, como hemos comprobado a lo largo de este artículo, la genial idea de nuestros próceres no supera el más mínimo análisis económico. Una vez más, como nos enseñó el economista estadounidense Henry Hazlitt, “El arte de la Economía consiste en considerar los efectos más remotos de cualquier acto o política y no meramente sus consecuencias inmediatas; en calcular las repercusiones de tal política no sobre un grupo, sino sobre todos los sectores”.

---

[i] http://www.elmundo.es/economia/2013/11/11/527fe7e263fd3d702e8b4582.html

[ii] http://www.economistas.org/Contenido/Consejo/ResumenPrensa/1_2013/7_JUNIO/12-06-13/3_pymes.pdf

[iii] http://www.elconfidencial.com/espana/2012/05/05/diego-valderas-el-repartidor-de-butano-de-bollullos-97366

[iv] http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0313.pdf