Cádiz, 1812. Inmersa en el fragor del asedio napoleónico,
la trimilenaria ciudad respiraba un ambiente contradictorio, propio del trágico
momento histórico que atravesaba España. Los diputados reunidos en las Cortes –españoles de ambos Hemisferios- se
dividían entre los defensores del Antiguo Régimen (serviles) y aquellos que propugnaban la limitación del poder regio
y el establecimiento de un sistema representativo que
consagrara la libertad individual y los derechos del ciudadano como principios
irrenunciables sobre los que refundar, desde los cimientos, la nación que
habría de resurgir tras la invasión francesa. Precisamente, fue en estas
penosas circunstancias cuando el concepto liberal
se utilizó por vez primera en contraposición a los serviles. En este sentido se pronunció F.A. Hayek: “Como
denominador de un movimiento político, el liberalismo, sin embargo, sólo
aparece a comienzos del siglo siguiente. La primera ocasión fue en 1812 para
designar al partido español de los Liberales, y poco después fue adoptado como
nombre de partido en Francia” (New
Studies in Philosophy, Politics, Economics and the History of Ideas, 1978).
Desgraciadamente, el liberalismo habría de fracasar a manos del otrora deseado Fernando VII, que aplastó despóticamente
las sucesivas intentonas que aspiraban a recuperar el espíritu de Cádiz y reconquistar, con él, la ansiada libertad.
Cortes de Cádiz, 1812 |
Salvando
las evidentes distancias históricas, las ideas liberales sufren hoy la misma
derrota que la infligida dos centurias atrás por el rey felón. Resulta cuanto menos desolador que Andalucía –cuna del
término liberal- sufra hoy las tasas
de desempleo más elevadas de la OCDE (36,4%, EPA 3T 2013), lacerante producto de tres décadas de gobierno
socialista y, a pesar de ello, no exista en nuestra tierra un Partido Liberal que plantee una
alternativa seria al dominio monolítico de las ideas colectivistas. ¿El Partido
Popular? Ni está ni se le espera.
Si algo
ha demostrado el gobierno de Rajoy es que su formación política responde a
cualquier calificativo menos al de liberal.
Basta analizar de una forma mínimamente objetiva la hoja de servicios del Ministro de Hacienda y AAPP. El señor Montoro
(jienense y diputado por Sevilla para más señas) tiene en su haber la palmaria
traición al programa electoral con el que su partido concurrió a los comicios de noviembre
de 2011. Así, el citado documento afirmaba que abordarían “una revisión del sistema fiscal con el objetivo de colaborar al
crecimiento potencial de la economía mediante el estímulo al trabajo, la
asunción de riesgos, el emprendimiento y el ahorro” (p.42). ¿Piensa acaso el señor Montoro que el
mantenimiento del Impuesto sobre el Patrimonio y la subida de las cotizaciones sociales (verdadero impuesto
sobre el trabajo), el IRPF,
el IVA,
el Impuesto de Sociedades, los Impuestos Especiales (entre otros, tabaco, alcohol y gasóleo), los Impuestos Ecológicos, el IBI y un largo etcétera de tributos y regulaciones estimulan
el trabajo, la asunción de riesgos, el
emprendimiento y el ahorro? ¿Considera el diputado por Sevilla que ésta es
la revisión fiscal que perseguían sus
electores? Ante la evidencia, el Gobierno sostuvo que no les quedaba más remedio, que subir impuestos era la única
alternativa posible para lidiar con el morlaco de la recesión. ¿Verdaderamente
cree el actual Gobierno que los diputados reunidos en Cádiz se encontraban en
una situación plácida cuando redactaron el primer texto constitucional de
nuestra Historia? ¿Acaso consideran que la prima de riesgo es más temible que
la artillería francesa? Pues bien, incluso en ese momento desesperado, los
depositarios de la soberanía nacional tuvieron la posibilidad de optar, y
optaron por la libertad.
Cristóbal Montoro, Ministro de Hacienda |
Es más, independientemente de sus profundas
incoherencias, la actitud matonesca
del titular de Hacienda –entre cuyos dudosos méritos está utilizar a la Agencia Tributaria como arma arrojadiza para amenazar a periodistas, tertulianos, políticos,
futbolistas o actores- haría
sentirse orgulloso al mismísimo Fernando VII que, salvando las distancias,
traicionó el juramento por el que se convirtió en rey, dio la espalda al pueblo
soberano y se sirvió del poder para ahogar el legítimo disenso de los
ciudadanos. El furibundo desprecio de Montoro hacia la libertad de expresión y
su despótica concepción del poder político evocan posiciones más cercanas a los
serviles decimonónicos que a los
amantes de la libertad.
En estas circunstancias, es recomendable plantearse la
siguiente cuestión: ¿Qué alternativa política real tenemos los liberales en
España? ¿Existe algún partido capaz de recoger el testigo de aquellos diputados
que, en 1812, devolvieron al pueblo lo que al pueblo pertenecía, consagrando la libertad civil, la propiedad y los demás
derechos legítimos de todos los individuos (art. 4 CE 1812)? Me temo que no. O, al menos, no por el momento.
Todo ello nos conduce a la imperiosa necesidad de
construir un proyecto político que plantee una alternativa liberal en España.
Al contrario de lo que muchos creen, el liberalismo no consiste (al menos no en
su corriente mayoritaria) en la eliminación del Estado y el laissez faire absoluto; en la ley de la selva o el capitalismo depredador. La doctrina que
defendieron en Cádiz ilustres prohombres como Agustín de Argüelles o Diego
Muñoz Torrero propugnó los valores de la libertad y la igualdad por encima de
los estamentos sociales preestablecidos, garantizando el respeto a los derechos
individuales y la propiedad privada. Limitó el poder omnímodo del monarca,
estableciendo la separación de poderes; incorporó la ciudadanía española para
los nacidos en ambos Hemisferios; abolió la Inquisición, los señoríos feudales,
la tortura y la esclavitud; consagró la libertad de industria, la libertad de
prensa y el libre mercado. De este modo, el hombre dejaba de ser un mero siervo del Estado para convertirse en ciudadano, en único dueño de su destino;
conquistando la libertad, imprescindible para realizarse como persona,
individual y socialmente.
Tumba de Argüelles |
El concepto fundamental del liberalismo se centra, por
tanto, en la limitación del poder, sea éste público (Estado) o privado (empresarios
monopolistas). Siguiendo a Adam Smith, el Estado tiene como funciones
principales las siguientes: “Primero, el deber de proteger, en cuanto sea
posible, a cada miembro de la sociedad de la violencia e invasión de otras
sociedades independientes. Segundo, el deber de proteger, en cuanto sea
posible, a cada miembro de la sociedad frente a la injusticia y opresión de
cualquier otro miembro de la misma, o el deber de establecer una exacta
administración de la justicia. Y tercero, el deber de edificar y mantener
ciertas obras públicas y ciertas instituciones públicas que jamás será del
interés de ningún individuo o pequeño número de individuos el edificar y
mantener, puesto que el beneficio nunca podría reponer el coste que
representarían para una persona o reducido número de personas, aunque
frecuentemente lo reponen con creces para una gran sociedad” (La Riqueza de las Naciones, 1776). Parafraseando
a Milton Friedman, el Gobierno debería ser el árbitro, no un jugador activo. Laissez-faire sí, pero dentro del
ordenamiento jurídico establecido por los legítimos representantes de la
soberanía popular. Estado sí, pero
sujeto a los límites propios de su estructura (imperio de la ley, separación de
poderes, organismos independientes de
supervisión y control, modelo territorial descentralizado…); sometida su
prodigalidad en el gasto a la cláusula constitucional de estabilidad presupuestaria
y su voracidad recaudatoria a la competencia fiscal entre administraciones
nacionales e internacionales; controlado por el pueblo, a través de un sistema
electoral que establezca listas abiertas e incentive la participación de los
ciudadanos en los asuntos públicos, y vigilado de cerca por medios de
comunicación libres e independientes de subvenciones, concesiones públicas u
otras prebendas. Controlado, en suma, por la sociedad de la que el Estado no es
dominus sino mero siervo.
Argüelles |
Argüelles murió, y con él una generación de grandes
hombres que arriesgaron sus vidas por defender la libertad. Como reza su epitafio,
“Aunque tu aliento a su rigor sucumba, / te hicieron inmortal gloriosos hechos:
/ flores han de sobrar sobre tu tumba, / mientras respiren liberales pechos”. Hoy
somos depositarios de su memoria. El espíritu
de Cádiz está en nuestras manos.
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ResponderEliminarSiguiendo la lógica expuesta, puestos a hablar de la teoría del esfuerzo y el trabajo habría de plantearse eliminar la institución de la herencia, pues de difícil es hablar de justicia si uno corre a lomos de un Ferrari y el otro a pies descalzos.
ResponderEliminarQuerido Pedro:
ResponderEliminarEn primer lugar, gracias por el comentario, el debate siempre es bienvenido. Desde mi punto de vista, la propiedad y la herencia son instituciones intrínsecamente indisociables, y reconocer una sin la otra carece de sentido. De hecho, en un ejercicio de coherencia legislativa, los comunistas soviéticos abolieron ambas. Si alguien puede vender sus bienes o donarlos, ¿por qué no transmitirlos "mortis causa"? Es más, ¿sería factible que un mismo ordenamiento prohibiera la herencia y siguiera reconociendo el resto de facultades características de la propiedad? ¿Cómo podría evitar el legislador que donara a mi hijo ("inter vivos") todos mis bienes justo antes de morir? Sería inviable. Por tanto, si planteas la "ilegitimidad" de la herencia has de tener en cuenta que estás poniendo en duda la existencia misma del derecho de propiedad.
En cuanto al argumento del “Ferrari y los pies descalzos”, estoy de acuerdo contigo. El binomio libertad-responsabilidad implica que todos hemos de responder de nuestros actos, pero no de los que realicen otros. Por tanto, los hijos de “personas pobres” no tienen por qué sufrir las consecuencias perniciosas de las decisiones erróneas que tomaran sus antepasados (argumento axiológico). Además, la experiencia nos dice que la mera solidaridad privada no resuelve el problema (argumento económico-utilitarista): la caridad es un “bien público” que el mercado provee insuficientemente. Personalmente, defiendo un modelo en el que el Estado garantice sanidad y educación universal (igualdad de oportunidades, independientemente de la familia en la que nazcas), si bien considero que la propiedad de los medios de producción y la contratación del personal no tiene por qué ser pública. Por tanto, preferiría que existiera un mercado realmente competitivo en el que las empresas ofrecieran sus servicios y los ciudadanos eligieran libremente (sistema de "vouchers" defendido, entre otros, por Milton Friedman). En sanidad sería un modelo similar al francés ("single payer") o al holandés (mercado de seguros regulado). En definitiva, apuesto por un modelo de Estado liberal en la línea del ordoliberalismo alemán defendido por la Escuela de Freiburg (aplicado en Alemania tras la IIGM) o el "liberalismo social" propuesto por Ralf Dahrendorf en Inglaterra.
Un saludo.
Querido Pedro, en Andalucía no hace falta eliminar la herencia, aquí se paga el Sucesiones y Donaciones más alto de España. El vicepresidente para todo y Romanones de Bollullos lo llama función social de la propiedad privada, si bien, con su función social no hace más que desamparar, aún más, a quienes pretende amparar.
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