ÁLVARO GUIJO
En un momento histórico en el que la reivindicación de derechos
adquiridos parece la única salida
viable ante el devastador drama del desempleo, la banca pública se nos presenta como la panacea; el bálsamo de Fierabrás capaz de sanar, por
sí solo, todos nuestros males. Así, Diego Valderas propone la creación de un banco público andaluz que, controlado por la –cada
vez más omnipresente- Junta de Andalucía, compita en igualdad de condiciones
con la banca privada en la captación de depósitos y la concesión de créditos[i].
Tal supuesta igualdad de condiciones
oculta una situación de verdadera competencia desleal, ya que el banco público
tendría tras de sí todo el poder coactivo estatal. Además, este nuevo
instrumento podría convertirse en un juguete
peligroso en manos de políticos fanáticos e incompetentes. Imaginen, en un
ejercicio de política ficción, a Sánchez Gordillo al frente del futuro banco
público andaluz. ¿Gestionaría eficiente y diligentemente el patrimonio de sus
depositantes o, por el contrario, se dejaría llevar por el eslogan fácil y el panfletismo electoralista? Permítame que
le exprese mis inquietudes.
Para determinar si es necesario implementar un modelo de
banca pública en Andalucía, habremos de analizar si el flujo de crédito
discurre con normalidad por los cauces de la economía real; descubriremos por
qué secretas motivaciones los banqueros privados se niegan a conceder créditos
a familias y empresas; y, por último, reflexionaremos acerca del papel que la
pretendida banca pública podría desempeñar en el mercado crediticio andaluz.
En primer lugar, confirmaremos la versión comúnmente
aceptada de la situación. ¿Es cierto que la economía andaluza –y la española en
general- adolece de falta de crédito? Según apuntan el BCE y FUNCAS, las PyMES españolas han de
asumir unos costes financieros un 77 % superiores a Alemania y un 35 % por
encima de la media de la Eurozona[ii].
La banca privada no se muestra proclive a arriesgar su capital en proyectos de
inversión que, a su juicio, no remunerarán adecuadamente el capital invertido,
y ello lastra nuestra competitividad con el exterior. Dicho en román paladino, el grifo del crédito se
ha cortado porque los banqueros no se
fían ni un pelo del emprendedor
–versión cool del empresario de toda la vida- que cruza la
puerta de su despacho solicitando dinero para montar su negocio. El credit crunch, por tanto, es una
realidad. Ante esta situación, cabe preguntarse por qué oscuros designios los
banqueros se niegan a asumir su tradicional papel en cualquier economía de
mercado: captar depósitos pagando un interés determinado y conceder préstamos a
un precio más alto, obteniendo como beneficio el diferencial entre ambas
rentabilidades. El excesivo riesgo asumido –que no es compensado por los tipos
de interés-, sumado a la reforma financiera y a la competencia con los Estados
en la captación del crédito, parecen ser claves esenciales.
Quizás el señor Valderas –vicepresidente para todo y butanero de profesión[iii]-
crea tener la solución mágica ante la desmedida avaricia de los perversos
banqueros. Sin embargo, antes de proponer remedio alguno, nuestro ínclito
prohombre debería averiguar qué siniestras motivaciones se esconden tras el
cerrojazo de crédito que paraliza la creación de nuevas empresas y alarga ad eternum la agonía del desempleo para
1.447.300 andaluces (EPA 3T 2013)[iv].
A lo mejor, los pérfidos capitalistas del puro y la chistera tienen un buen motivo
para actuar de esa forma. ¿Le suena el concepto crowding out, señor Valderas? Para los no iniciados en la Ciencia Lúgubre, se trata del fenómeno
producido cuando el Estado capta la mayor parte de la financiación disponible,
dejando literalmente seco el grifo
del crédito para familias y empresas. No debería extrañarnos: en condiciones
normales, el Estado siempre será un prestatario más atractivo que el bar de la
esquina. Y no es porque los banqueros tengan especial animadversión hacia el
sector de la hostelería, la respuesta es mucho más sencilla. En caso de apuros
financieros, las autoridades estatales ostentan el monopolio de la fuerza
coactiva, lo que les permite subir los impuestos, haciendo recaer sobre los
sufridos hombros de los mal llamados “contribuyentes”
el peso de sus errores políticos. Ello incluso aunque hacerlo suponga incumplir
sus promesas electorales. Si a esto sumamos la elevada rentabilidad que en los
últimos años han presentado los bonos soberanos –debido, sin duda, al mayor riesgo
de impago- el pastel estará servido. Por tanto, si el señor Valderas quiere
posibilitar la financiación de la economía real, a lo mejor debería comenzar
examinando qué papel ha jugado la clase política en todo esto.
Además del fenómeno conocido como crowding out, hay otra causa fundamental que explica la ausencia de
crédito. Como usted sabe, el sector financiero español ha afrontado –tarde, mal
y casi nunca- una necesaria reforma que supuestamente permitirá garantizar la
solvencia de las entidades más débiles. Pero, ¿cuáles han sido dichas
entidades? Sin ánimo de ser exhaustivos, podemos citar Caja Madrid, CajaSur,
CAM, CCM, Caixa Catalunya… ¿Encuentran algún común denominador entre todas
ellas? Pues sí. Curiosamente, la gran mayoría de las entidades rescatadas eran
Cajas de Ahorros. ¿Casualidad? Me temo que no. En economía, como en la vida,
las casualidades no existen. Más bien deberíamos hablar de incentivos. Los incentivos
perversos que, en plena burbuja inmobiliaria, llevaron a los (nefastos)
dirigentes de nuestras Cajas de Ahorros a financiar proyectos de inversión
paladinamente ruinosos para mayor gloria del cacique local. La lista es casi interminable. Aeropuertos
desiertos, autopistas peatonales o parques de atracciones condenados a la
quiebra. ¿Hay alguna razón para que CCM financiara el aeropuerto de Ciudad Real
y no lo hiciera, por ejemplo, el Banco Santander? Me temo que sí. El principal
objetivo de un banco privado es obtener beneficios con los que remunerar a los
accionistas que –libremente- han apostado por su proyecto. En consecuencia, los
dirigentes de dichas entidades se cuidarán muy
mucho de satisfacer otros ideales
que no encajen en los fríos cálculos del Excel.
Si la rentabilidad esperada compensa el riesgo asumido, el banquero privado dará luz verde a la operación. Si su apuesta
fracasa, habrá de asumir íntegramente las pérdidas resultantes. Sin embargo,
los criterios políticos parecen distar mucho de esta idea.
En último lugar, reflexionaremos sobre los inconvenientes
que plantea un modelo de banca pública como el propugnado por el señor
Valderas. Por el lado del pasivo (lo que
el banco debe), ante la falta de depositantes siempre podrían recurrir al
sencillo expediente de subir los impuestos, obligando a los ciudadanos
andaluces a participar en la enésima aventura empresarial de la Junta. Ya se
sabe, el politburó siempre sabrá
mejor que usted y que yo dónde invertir su
dinero. Párese a pensar, querido lector, por qué secretos designios el banco
público sí estaría dispuesto a conceder préstamos mientras que la banca privada
mira por encima del hombro a familias
y empresas cuando pretenden solicitar un crédito. Le propongo un ejemplo:
Imagine que usted es propietario de un bar en el que sirve desayunos todas las
mañanas. Suponga, que tiene totalmente asegurada la asistencia de clientes.
¿Qué incentivos tendrá para ser eficiente, para servir las mejores tostadas con
aceite al menor precio? Lógicamente, como persona sensata, tratará de ofrecer
el pan más barato y el peor aceite, cobrando el precio más elevado que pueda.
No le culpo, usted simplemente respondería racionalmente ante los incentivos
del sistema. Análogamente, ¿cree que el futuro banco público tendría muchos
incentivos para ser eficiente?
En cuanto al activo (lo
que el banco presta), la concesión ilimitada de créditos a clientes
insolventes permitiría al señor Valderas anunciar ampulosamente que “el crédito ha vuelto a la economía real”
gracias –claro está- al benéfico plan de nuestros benévolos dirigentes.
Desgraciadamente, como hemos comprobado a lo largo de este artículo, la genial
idea de nuestros próceres no supera el más mínimo análisis económico. Una vez
más, como nos enseñó el economista estadounidense Henry Hazlitt, “El arte de la Economía consiste en
considerar los efectos más remotos de cualquier acto o política y no meramente
sus consecuencias inmediatas; en calcular las repercusiones de tal política no
sobre un grupo, sino sobre todos los sectores”.
